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2003

Diario de León, Miércoles, 15 de octubre de 2003

El cerebro de la estafa del oro es condenado a seis años de cárcel


La Audiencia Nacional reclama a los procesados una indemnización de 328.500 euros.

El tribunal impone a los otros dos imputados en el caso una pena de cinco años de cárcel

Maite Almanza, Astorga

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Jacinto González Martín, principal acusado en el caso conocido como la estafa del oro de Quintanilla de Somoza, a seis años de prisión y una multa de 3.606,12 euros por un delito continuado de estafa. El tribunal impuso a Antonio Nistal Vidal y Pelayo Vélez Narganes sendas penas de cinco años de cárcel e idénticas multas como autores por cooperación del mismo delito. Además, los condenados deberán hacer frente a una indemnización que el grueso de la sentencia no determina.

La audiencia, que estima que la estafa alcanzó los seis millones de euros, consideró probado que González Martín, fundador de la entidad Comercial y Servicios de Metales Preciosos en 1993, «era conocedor del mercado del oro y ofertaba al público la posibilidad de invertir dinero en lingotes» a cambio de «unos intereses que eran muy superiores al normal del mercado del dinero», y que cifró entre el doce y el catorce por ciento anual. La sentencia determina que Nistal y Vélez, miembros de la asesoría financiera Ayser, «accedieron a colaborar con él captando clientes en la zona de Valladolid», haciéndoles firmar los contratos remitidos por González y recogiendo el dinero de las inversiones «para el que detraían sus propias comisiones».

El tribunal consideró que el principal acusado no invertía en oro «más que una ínfima parte del dinero recibido, del que se apoderó ingresándolo en su patrimonio» y que no devolvió una vez llegaban los vencimientos de los depósitos.

La audiencia se refirió a la junta vecinal de Quintanilla de Somoza como «uno de los principales perjudicados por la actividad» de González, que. a través de Nistal y Justo Botas -secretario de la entidad y asesor de inversiones para Ayser en León-, «consiguió ponerse en contacto con dos miembros» de la pedanía.

«Inversión» de 863.000 euros

Éstos «intervinieron en la adopción de acuerdos necesarios» para que la junta invirtiera en oro de 24 kilates 863.294 euros procedentes de las expropiaciones del Campo de Tiro de El Teleno entre el 11 de agosto y el 21 de octubre de 1993, en tres depósitos a doce meses. González no devolvió las sumas de dinero cuando aquéllos vencieron y abonó parcialmente los intereses pactados por importe de 148.953 euros.

González Martín ya fue condenado en 1999 por la Audiencia Provincial de León por cohecho activo e inducción a la prevaricación. Además, los exvocales de la junta vecinal de Quintanilla de Somoza Víctor Manuel y Luis Javier González Prieto fueron considerados culpables de cohecho y prevaricación, Justo Botas de éste último delito, y Antonio Nistal de tráfico de influencias.

La sentencia absuelve al hijo del principal acusado en este proceso

La Audiencia Nacional absolvió en la misma sentencia a Jacinto González Mompó, hijo de González Martín, de los delitos de estafa y apropiación indebida, así como del de receptación planteado por una de las acusaciones particulares. La sala limitó la participación del primero en los hechos a su condición de «mero recadero, que intervenía en las actividades de su padre quien le ordenaba realizar actuaciones materiales de ingreso y reintegros de efectivo, así como también actividades de segundo orden en la actuación empresarial». La sentencia considera probado que Mompó «se benefició directamente» de la actitud delictiva de su padre, «con la que colaboró», y que existen contra él «indicios más que sobrados para mantener su imputación», aunque éstos «no tengan entidad suficiente...para ser reputados como auténtica prueba de cargo», señala el pronunciamiento judicial.

Así, el tribunal estimó que Mompó «veía que la actividad de su padre era rentable» y atribuía esta circunstancia «a la especial capacidad inversora y negocial de su progenitor».

Incorrecta administración

Mientras, la sala de lo penal no admitió como argumento que González Martín atribuyera los hechos que se le imputaban a una incorrecta administración de la empresa. El principal imputado no negó las acusaciones y estuvo de acuerdo con la petición del fiscal de seis años de prisión. La audiencia tampoco dio crédito al desconocimiento de las actividades del anterior que argumentaron Nistal y Vélez, y motivó esta consideración en «las características de la inversión» y «la implicación de estos mismos en los hechos, así como...en las elevadas comisiones que percibían» por su mediación.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por cualquiera de las partes. Junto a la junta vecinal se personaron como acusaciones particulares otros perjudicados de toda España.