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La Junta pide seis meses de prisión para los militares por el incendio

Diario de León
Jueves, 13 de noviembre de 2003

La tramitación judicial por el incendio del Teleno de 1998 aún está en marcha

Defiende que el fuego de 1998 «fue consecuencia de una inadecuada práctica de los ejercicios de tiro»
La administración los considera culpables de un delito de imprudencia en acto de servicio

Maite Almanza (Astorga)

La Junta de Castilla y León pide seis meses de prisión para los militares responsables de las maniobras que en septiembre de 1998 calcinaron varios miles de hectáreas de monte aledaño al campo de tiro de El Teleno. En su escrito de conclusiones ante el Tribunal Militar Central, la administración autonómica, personada en el proceso judicial, considera que «el incendio fue consecuencia de una inadecuada práctica de los ejercicios de tiro con fuego real». Por ello culpa a los imputados de un delito consumado contra la eficacia del servicio en su modalidad de imprudencia en acto de servicio de armas con resultado de daños, tipificado en el Código Penal Militar.

La Junta defiende que los militares despreciaron las condiciones del terreno y climatológicas existentes el 13 de septiembre de 1998, incumplieron las Normas de Utilización del Campo y omitieron la puesta en marcha de los dispositivos de control establecidos para tales operaciones. «Pese a la existencia de circunstancias de riesgo acreditadas documentalmente -zona de impactos constituidas por brezal y época de peligro de incendios- se llevó a cabo un ejercicio de tiro con armas susceptibles de producir graves daños -que efectivamente se causaron-», señala la letrada de la comunidad autónoma.

Primer fuego

La abogada añade que las maniobras provocaron un primer fuego, que se sofocó por sí mismo, «pese al cual se continuó en el ejercicio en la forma prevista provocando un segundo incendio que afectó a un total de 2.962,55 hectáreas de monte».

La Junta considera procedente declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en la cantidad de 6.957.125 euros, de acuerdo con el expediente de responsabilidad patrimonial ya instruido por el Ministerio de Defensa «a resultas del cual se han satisfecho a los perjudicados las cantidades en él detalladas», señaló la letrada.

 

La defensa de los militares pide que no se celebre juicio por el incendio

El letrado entiende que los mismos tribunales que se ocupan del caso ya absolvieron a los mandos
El abogado destaca que varias sentencias no consideran delictiva su actuación en 1998

La defensa de los militares responsables de las maniobras que el 13 de septiembre de 1998 causaron el incendio que rebasó los límites del campo de tiro de El Teleno ha pedido al Tribunal Militar Central que no se celebre un nuevo juicio contra dichos mandos, al entender que los mismos tribunales que se ocupan en la actualidad del caso ya absolvieron con anterioridad a los dos imputados. El letrado estima que varias sentencias de distintos órganos jurisdiccionales, entre ellos del Tribunal Supremo, no encontraron indicios de delito en el comportamiento de ambos.

En su artículo de especial y previo pronunciamiento, la defensa señala que, una vez finalizada la instrucción, el Juzgado Togado Militar Central dictó un auto el 15 de julio de 1999 por el que archivaba las diligencias previas «ya que la causa del incendio y sus consecuencias no la tiene ni cabe encontrarla en una imprudencia o negligencia, en una extralimitación, en definitiva, no ya en la ejecución sino en el mero planteamiento de un acto de servicio de armas». Además, el mismo auto no consideraba los hechos como constitutivos de delito penal.

El Ayuntamiento de Luyego recurrió esta decisión judicial ante el Tribunal Militar Central -al que acude la defensa en esta ocasión-, que el 25 de octubre de 1999 dictó un segundo auto coincidente con el primero.

La defensa de los procesados recurre también en su argumentación a la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2001, que derivó de nuevo a la jurisdicción militar el caso que venía estudiando el Juzgado de Instrucción número 1 de Astorga. Dicha resolución judicial, citando una previa del Juzgado Togado Militar Central número 2, recordaba que éste último «consideró que ni el Coronel Jefe del Regimiento, ni el Comandante director del ejercicio de tiro con fuego real, habían incurrido» en el delito de imprudencia tipificado en el Código Penal común.

Diligencias previas

El letrado destaca que el Tribunal Supremo contaba con las diligencias previas de las jurisdicciones civil y militar antes de pronunciarse. Además, alude de nuevo a la sentencia de éste órgano, que señaló: «En la investigación hasta ahora practicada no queda acreditado ningún hecho distinto de los que ya fueron conocidos por la jurisdicción militar y que motivaron el archivo de las actuaciones». Asimismo, defiende que tras esta decisión del Supremo «no se ha llevado a cabo diligencia de averiguación alguna que desvirtúe las consideraciones jurídicas de la misma».

Por todos estos motivos, la representación de los mandos militares ha solicitado al Tribunal Militar Central el sobreseimiento libre de la causa que se sigue a raíz de los hechos ocurridos en 1998.

El proceso podría estar llegando a su final


Fuentes jurídicas consultadas por este periódico entienden que, en caso de que el Tribunal Militar Central acepte el artículo de previo pronunciamiento de la defensa de los imputados, el proceso judicial por el incendio del Teleno de 1998 tocaría a su fin, y ningún otro órgano jurisdiccional volvería a ocuparse de este caso. Las mismas fuentes precisaron que la decisión del citado tribunal puede ser cuestión de semanas.

Ayuntamiento de Luyego

Por otro lado, la representación procesal del Ayuntamiento de Luyego de Somoza entiende que no procede solicitar que no se celebre juicio contra los mandos militares con el argumento de que ya fueron absueltos dado que, en su opinión, la resolución no fue dictada por el tribunal que correspondía al caso.

El letrado de este municipio pidió para los procesados seis meses de prisión, al igual que el fiscal, la Junta de Castilla y León y la Entidad Mercantil Castro Villar S.L., como ayer publicó en exclusiva este periódico